La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires quedó conmocionada tras la muerte de Matías Rolfi, un estudiante de 27 años cuya familia denuncia que fue víctima de bullying dentro del ámbito académico. El caso reabrió el debate sobre la protección de estudiantes con trastorno del espectro autista y las responsabilidades institucionales.
El hecho
Según los reportes periodísticos, el joven cayó desde el segundo piso del edificio ubicado en Uriburu al 900, dentro del predio de la Facultad de Medicina, y falleció a raíz de la caída. La Justicia abrió una investigación para establecer las circunstancias exactas del suceso.
Diagnóstico y situación académica
La familia informó que Matías había sido diagnosticado con autismo y cursaba la carrera de Nutrición junto a su hermana. Los medios locales consignaron que sus allegados lo describieron como una persona vulnerable frente a hostigamientos y que, en el pasado, había interrumpido temporalmente la cursada tras conflictos con compañeros.
Testimonio de la familia
La hermana del joven, identificada como Rocío Rolfi, relató en declaraciones públicas y en redes sociales que Matías sufría acoso dentro de la facultad y que atravesaba un estado de ánimo deteriorado tras desaprobar un examen de Fisiología. En su mensaje expresó que el entorno no lo protegió adecuadamente y publicó fotografías junto a su hermano en señal de despedida.
Denuncias sobre falta de notificación y contención
La familia cuestionó que no recibió comunicación inmediata por parte de autoridades o de fuerzas de seguridad y que se enteró de lo ocurrido más tarde por compañeros. Además, señalaron episodios previos de conflictos con docentes y auxiliares que, a su criterio, no recibieron la intervención adecuada por parte de la institución.
Reacciones dentro de la comunidad educativa
Compañeros y fuentes internas de la facultad mencionaron la existencia de mensajes y capturas de chats que reflejarían comentarios que llevaron a la víctima a sentirse hostigada. Organizaciones estudiantiles y usuarios en redes demandaron respuestas sobre mecanismos de prevención y protocolos de contención frente al acoso.
Implicancias y marco institucional
El caso puso en evidencia, según especialistas y actores sociales citados por medios, la necesidad de reforzar políticas universitarias sobre salud mental, accesibilidad y protección de estudiantes con condiciones de vulnerabilidad. También generó pedidos de revisión de procedimientos para la atención de denuncias internas y de coordinación entre dependencias académicas y servicios de apoyo psicológico.
Documentación y seguimiento judicial
Fuentes periodísticas consignaron que la causa quedó en manos de la Justicia, que investiga si existieron responsabilidades penales o administrativas relacionadas con el episodio. La evolución del expediente será determinante para establecer responsabilidades y para definir eventuales medidas de reparación o cambios institucionales.
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