El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar., programa que desde 2012 funcionó como uno de los principales mecanismos de acceso a la vivienda en Argentina. La medida deja en manos del sector financiero y de las administraciones locales la continuidad de las obras y la administración de los créditos, al tiempo que introduce interrogantes sobre el futuro de miles de familias beneficiadas.
Disolución formal del Fondo Pro.Cre.Ar
A través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, el Ministerio de Economía inició el proceso de cierre definitivo del fondo fiduciario que gestionaba el Procrear. Este programa había sido concebido con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia mediante líneas de créditos hipotecarios, desarrollos urbanísticos y préstamos personales. La decisión se argumenta en un plan de "reordenamiento del Estado" que busca eliminar estructuras consideradas ineficientes y trasladar funciones al sector privado.
Entre las razones invocadas, el Ejecutivo citó informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que revelaron múltiples irregularidades, incluyendo demoras prolongadas en la entrega de viviendas, fallas en las condiciones de habitabilidad y sobrecostos derivados de atrasos en la ejecución. Además, se mencionaron problemas de fiscalización, manuales desactualizados y una gestión calificada como deficiente.
Créditos vigentes: quién los administrará
Los créditos hipotecarios y personales otorgados a través del plan seguirán vigentes bajo las condiciones pactadas. La administración de los préstamos será asumida por el Banco Hipotecario S.A., que firmará un nuevo convenio con el Estado manteniendo los términos económicos previstos en el fideicomiso original.
El traspaso de responsabilidades implica que el banco continuará con la cobranza de cuotas, el seguimiento de los créditos y cualquier eventual renegociación. Los beneficiarios no sufrirán modificaciones en sus contratos: se respetarán los montos, tasas, sistemas de actualización y calendarios de pago. La Secretaría Legal del Ministerio de Economía será la encargada de responder ante cualquier conflicto judicial relacionado con la operatoria pasada del programa.
Obras inconclusas: el rol de provincias y municipios
Actualmente, existen alrededor de 17.000 viviendas en construcción bajo el esquema Procrear, con diferentes grados de avance. La finalización de estas obras será responsabilidad de provincias, municipios o, en algunos casos, del sector privado.
Durante 2024 ya comenzaron a transferirse proyectos sin concluir a distintos distritos como Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Chubut y Buenos Aires. En este último caso, la administración provincial se comprometió a terminar las viviendas con fondos propios, especialmente en zonas del conurbano. Cada jurisdicción decidirá ahora la modalidad de adjudicación, que podrá ser a través de subastas, programas locales o convenios con desarrolladores privados.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también tendrá facultades para intervenir en casos donde no existan contratos vigentes, pudiendo vender o ceder los inmuebles según la normativa vigente. En proyectos que involucren terrenos cedidos por jurisdicciones locales, se prevé la posibilidad de devolver los predios parcial o totalmente.
Destino de las viviendas terminadas pero no adjudicadas
En relación a las unidades que ya fueron finalizadas pero que aún no se asignaron, se baraja la opción de incorporarlas al mercado mediante ventas directas, una práctica que contrastaría con los mecanismos de sorteo público utilizados tradicionalmente por el programa. Todavía no se ha definido si esas ventas contarán con mecanismos de financiamiento asociados, lo cual condicionaría el acceso por parte de familias de ingresos medios.
Proyectos pendientes: alternativas legales y operativas
Se estima que hay unos 85 desarrollos urbanísticos activos en todo el país, equivalentes a cerca de 18.500 viviendas bajo el formato de edificios multifamiliares o construcciones tipo PH. Estos proyectos serán administrados por los gobiernos locales, en función de convenios firmados o por firmar con el Estado nacional.
Aquellos desarrollos que no avanzaron o no tienen contratos en curso podrán ser transferidos a la AABE u otros organismos públicos, o bien vendidos según la decisión del Ministerio de Economía. Para los créditos que aún no fueron desembolsados o presentan conflictos administrativos, la Dirección de Normalización Patrimonial deberá intervenir para buscar soluciones caso por caso.
Redefinición de la política habitacional
La disolución del Procrear forma parte de un cambio estructural en la política habitacional, que prioriza la intervención del mercado sobre los mecanismos estatales. La estrategia oficial implica dejar de financiar viviendas de manera directa para transferir ese rol a los bancos privados, constructoras y jurisdicciones subnacionales.
Según lo dispuesto, la responsabilidad del Estado se limitará a concluir la liquidación del fondo, gestionar sus activos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales aún vigentes. El nuevo modelo se alinea con una visión que considera que el crédito hipotecario debe formar parte del sistema financiero tradicional, sin subsidios ni esquemas de promoción pública.
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